El Real Decreto-ley 1/2026, de 4 de febrero perjudica más al propietario y restringirá la oferta de vivienda de alquiler.
El Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, antidesahucios, ya en vigor sin haber sido aprobado todavía, perjudica más al propietario y restringirá la oferta de vivienda de alquiler. Con esa premisa arranca un nuevo capítulo del llamado escudo social, cuya última versión prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador tenga tres o más viviendas pero que está .
El Consejo de Ministros aprobó la norma el 3 de febrero, después de que el Congreso rechazara días antes otro decreto que incluía la revalorización de pensiones y la prórroga del escudo social. A diferencia del texto sobre pensiones, este decreto antidesahucios no cuenta con un respaldo parlamentario asegurado.
La modificación pactada con el PNV introduce un cambio relevante: los propietarios con una o dos viviendas quedan fuera de la suspensión automática de lanzamientos, de modo que serán los servicios sociales quienes deban buscar una solución habitacional urgente para los inquilinos vulnerables.
El Gobierno sostiene que la medida protege a los colectivos más frágiles frente a grandes tenedores, mientras que otras formaciones consideran que la reforma es insuficiente para salvaguardar a los pequeños arrendadores.
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